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En la mira Veracruz: CNDH lleva 7 recomendaciones al gobernador y Fiscalía

En lo que va de la administración estatal laComisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido siete recomendaciones dirigidas al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, y otras autoridades estatales y federales con actividades en Veracruz por violaciones a los derechos humanos.

Ayer martes se dio a conocer que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, solicitó al Senado de la República llamar a comparecer al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y a la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, para explicar el motivo de su negativa de aceptación de la Recomendaciones 51VG/2022 y 59/2022, la primera por violación y tortura, y la segunda por una detención arbitraria.

¿Por qué buscarán que Cuitláhuac García y FGE comparezcan?

Dicha solicitud fue emitida en enero pasado a través de oficios dirigidos a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Alejandro Armenta Muer, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

La senadora del PAN, Indira Rosales San Román, confirmó que dicha solicitud fue recibida en el Senado de la República y, señaló, que se buscará que el mandatario estatal y la fiscala acudan a comparecer.

De acuerdo al reporte de la CNDH en su portal oficial, en lo que va de la administración estatal se han emitido siete recomendaciones.

La primera de ellas fue en el 2018, cuando apenas iniciaba funciones el mandatario estatal y al frente de la Fiscalía General del Estado estaba Jorge “N”.

En el año 2019 se emitió una Recomendación, en 2021 fueron dos Recomendaciones, en 2022 también fueron dos Recomendaciones y este año ya se emitió Recomendación.

Algunas de las Recomendaciones se relacionan con actos que sucedieron previos al inicio del gobierno actual a cargo de Cuitláhuac García Jiménez.

¿Cuándo fue la primera recomendación de la CNDH?

La primera recomendación que se emitió por irregularidades en la integración de la Carpeta de Investigación por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado sobre el homicidio de un periodista Pedro Tamayo Rosas, registrado en el municipio de Tierra Blanca, el 20 de julio de 2016, y por la omisión de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para brindar protección y auxilio al agraviado y a sus familiares.

La CNDH emitió la Recomendación 89/2018 al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al Fiscal General del Estado, Jorge “N”.

La esposa de la víctima presentó una queja ante la CNDH en la que planteó irregularidades en la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que acudieron al lugar y omitieron perseguir a los probables responsables.

El organismo recomendó al gobernador reparar integralmente el daño a los familiares de la víctima e inscribirles en el Registro Estatal de Víctimas conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Víctimas. 

¿Hay afectaciones a migrantes en Veracruz?

El organismo emitió la Recomendación 78/2019 dirigida al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño; al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal y protección de la salud en agravio de 130 personas en contexto de migración internacional, derivadas de la realización del operativo denominado “Contención de Flujos Migratorios” en las inmediaciones del poblado Los Tigres, en el Municipio de Juan Rodríguez Clara.

En palabras de los quejosos, en septiembre de 2018, cuando viajaban a bordo de un ferrocarril de la compañía Ferrosur, escucharon disparos de armas de fuego y observaron la presencia de agentes del INM, de la PF y de la SSP de Veracruz, quienes les arrojaron piedras y lesionaron a algunos de ellos, por lo cual tuvieron que tirarse del tren en movimiento; siendo que quienes permanecieron en el ferrocarril fueron maltratados para bajarlos y asegurarlos.

La CNDH acreditó que servidores públicos del INM vulneraron los derechos a la seguridad jurídica de las víctimas, ya que una persona servidora pública de dicha dependencia sin tener facultades legales solicitó la colaboración de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar dicho operativo el 9 de septiembre de 2018, además suscribió las órdenes de revisión migratoria y los oficios de comisión respectivos de 27 agentes del INM que participaron en los hechos, actuación que a pesar de estar fuera del marco legal fue avalada por tres servidores públicos más del referido instituto.

Se recomendó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al gobernador y al Comisionado del INM localizar a 12 víctimas para brindarles atención médica adecuada por las lesiones sufridas, hasta su recuperación física, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

¿Qué hicieron los elementos del IPAX?

La Recomendación 89/2021 fue emitida por la CNDH al gobernador, debido a que el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), desestimó una similar emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH), tras comprobar que dos elementos de esa corporación dispararon sus armas de cargo de forma injustificada en contra de una persona que se encontraba dentro de un vagón del tren Ferrosur, ocasionándole heridas que le provocaron paraplejia de las extremidades inferiores.

En agosto de 2019, la CEDH emitió la Recomendación 45/2019 dirigida al comisionado del IPAX, después de acreditar que fueron vulnerados los derechos fundamentales de la persona que recibió los disparos a bordo del tren que circulaba por la colonia Buena Vista en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

Ante ello, se pidió al Ejecutivo colaborar en la integración y trámite de la queja que se presente en contra de las personas servidoras públicas involucradas ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y dar las facilidades necesarias para el desahogo de todas las diligencias encaminadas a esclarecer los hechos, así como adoptar medidas para garantizar que, en los casos en los que los elementos del IPAX deban hacer uso de la fuerza, se apeguen a un protocolo de actuación en el que se prepondere en todo momento el derecho a la integridad personal.

Los casos por detenciones en Veracruz

El organismo emitió la Recomendación 146/2021 al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal,derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos de la SSP y de personal adscrito a la FGE.

La CNDH recibió las quejas de seis personas mientras se encontraban privadas de su libertad, quienes fueron detenidas el 3 de septiembre del 2021 en las inmediaciones de un centro comercial de Xalapa por elementos de la SSP, entre los que se encontraban personas encapuchadas, que revisaron sus pertenencias y les colocaron esposas metálicas en muñecas con los brazos hacia atrás.

La queja señala que las seis personas detenidas fueron remitidas a los separos donde firmaron documentos y dieron acceso a sus teléfonos celulares para luego ser trasladados a instalaciones de la FGE en Xalapa, donde fueron acusados de ultrajes a la autoridad por atacar a los policías con cuchillos, razón por la cual un juez calificó como legal la detención y los vinculó a proceso.

Ante ello, se pidió al mandatario estatal y a la titular de la FGE que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, procediera a la reparación del daño ocasionado y les brinde, a las seis víctimas, atención médica y psicológica gratuita que se requiera y les entregaran los medicamentos que necesiten.

¿Cuáles fueron los casos por violaciones a derechos humanos?

El organismo aprobó la Recomendación 51VG/2022 dirigida al gobernador y la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, por las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra una mujer, quien fue torturada y abusada sexualmente, luego de ser detenida en la Ciudad de México y trasladada a esa entidad por parte de policías ministeriales.

El 17 de noviembre de 2020, una madre de familia presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (en la que manifestó que su hija había sido detenida por policías en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México y posteriormente trasladada a Veracruz, en cuyo trayecto fue golpeada y amenazada.

La investigación de la CNDH acreditó que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura, que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara la presunta comisión de un delito.

Se pidió al gobernador inscribir a la persona afectada en el Registro Estatal de Víctimas; evaluar si existían otras víctimas indirectas del caso, a fin de que pudieran acceder a una reparación integral del daño y colaborar en la presentación de las quejas y denuncias que esta Comisión Nacional formule ante las instancias correspondientes para que se investigue la responsabilidad de las personas servidoras públicas que hayan participado en los hechos.

Las detenciones de personas

La Recomendación 88VG/2023 dirigida al gobernador y a la titular de la Fiscalía se registró por violaciones graves a los derechos humanos de seis personas que fueron detenidas arbitrariamente, cuatro de las cuales sufrieron actos constitutivos de tortura, a manos de elementos de la SSP y de la Fiscalía, en el municipio de Río Blanco.

A partir de las declaraciones de víctimas y testigos, así como del análisis de los videos proporcionados, se comprobó que los agentes mintieron sobre las circunstancias en que se llevó a cabo la detención de las víctimas, quienes no portaban armas de ningún tipo y mucho menos machetes, que tampoco agredieron a dichos elementos y que por, el contrario, se simuló la flagrancia para intentar justificar el cateo ilegal, llegando al extremo de colocar armas y drogas para comprometerlas legalmente.

Ante ello, pidió a las autoridades estatales reparar integralmente el daño causado, otorgar a las víctimas una compensación en términos de la Ley General de Víctimas y proporcionarles atención psicológica de forma gratuita y continua, así como los medicamentos que pudieran necesitar.

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