La línea del tiempo de la narco-política en Veracruz

Juan Javier Gómez Cazarín, el diputado plurinominal del Congreso del Estado de Veracruz del partido político Morena, se encuentra en el ojo del huracán, a causa de los señalamientos que están girando sobre su persona, derivado de la estrecha relación que lo une al aún electo alcalde de Lerdo de Tejeda también del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Fabián Cárdenas Sosa,  a quien se le acusa de haber perpetrado junto con su chofer y escolta (les encontraron que formaban parte de una red de secuestradores) el plagio y asesinato del Juan Carlos Montano Guzmán, hermano del ex secretario de Seguridad Pública en la administración de Miguel Alemán Velasco, Alejandro Montano Guzmán.

Todo un tema. Al parecer tiene tintes de narco-política, esa que ha prevalecido en nuestro estado desde hace muchas décadas. El matrimonio entre los cárteles y los políticos, es una situación que ha predominado en la entidad desde siempre. Sólo cambian los nombres de los políticos que hacen alianza con los ya reconocidos hampones que operan a nivel nacional.

Gobierno federal, estatal, alcaldes, diputados locales y federales, senadores. Todos brincando y bailando al son de los poderosos líderes de los cárteles. Son ellos los que financian las campañas políticas y operan en las elecciones para determinar quién va a llegar en alguno peldaño de la política. Antiguamente las reglas eran básicas. Los grupos delincuenciales se dedicaban a su “negocio” y el gobierno (de cualquier nivel) le brindaba la protección que requerían para poder operar con tranquilidad. Pero ahora, estos tienen que instaurar mecanismo de lavado de dinero para las redes del narcotráfico y brindar más protección, porque el hampa ha desarrollado delitos más voraces.

La avaricia y ambición de ambos grupos (delincuencial y política) están provocando un caos social. Secuestros, derecho de piso, tráfico de órganos, trata de blancas son delitos que están causando que la gallina de los huevos de oro (la sociedad), esté muriendo. Todo esto en conjunto con la ambición de los servidores públicos que no se conforman con lavarle dinero a los grupos delincuenciales, sino también desvían el presupuesto del erario, a sus cuentas personales.

Actualmente, la mancuerda se ha fortalecido al grado de que personajes identificados en la delincuencia organizada, brincan directamente a la política para su fortalecimiento. Delinquir se convierte en un negocio fructífero, y más cuando se combina con poder.

Para determinar una línea del tiempo específica, estableceré una año determinado. Los años 90, dicha época donde la mayoría de los dinosaurios comenzaron a hacer carrera política y muchos prevalecen activos o se activaron con la llegada de Andrés Manuel López Obrador.

En aquellos años, la forma de operar por parte de la delincuencia organizada era muy sencilla y básica. Los cárteles se concentraban a su negocio que era el tráfico de estupefacientes y de armas. La sociedad vivía y disfrutaba de una libertad absoluta, sin tener el miedo que actualmente se siente al por el hecho de salir a divertirse.

En el caso de Veracruz, era peculiar que los turistas se maravillaban del hecho de que los jarochos no dormían. La ciudad se mantenía viva las 24 horas del día y paseaban hasta en el bulevar sin el temor de ser asaltados o asesinados.

La narco-política siempre ha existido. En esos tiempos, después de haber sido quien gobernaba el estado en el sexenio de Patricio Chirinos Calero (1992-1988); en 1999,  Miguel Ángel Yunes Linares despachaba como director General de Prevención y Readaptación Social y asesor de la Subsecretaría de Seguridad Pública en donde estuvo hasta el 2000, en la administración de Vicente Fox Quesada. Este sujeto ya se le conocía por el hecho de que mantenía vínculos con la delincuencia organizada.

Cuando Miguel Alemán Velasco, fue gobernador del estado, un peculiar personaje muy cercano a Yunes Linares, trabajaba en la administración del ejecutivo estatal en bajísimo perfil. Ese sujeto era Jaime Ignacio Telléz Marié, quien fungía como Coordinador de la ahora extinta Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río. En ese entonces, Alemán Velasco era señalado por las autoridades federales como cabecilla de células delincuenciales (es importante señalar que Yunes Linares se encontraba distanciado del ejecutivo estatal porque este lo rechazó e impidió a que se integrara a su gabinete), luego de que un narcotraficante luego de su aprehensión, los señaló directamente de mantener estrecha relación con su cartel. Yunes Linares siempre se ha caracterizado por ser un hombre retorcido y oscuro, además de vengativo y rencoroso.

El 10 de enero de 2002, ya en el régimen alemanista, Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo, se reunió en su casa de Matamoros con Albino Quintero Meraz, quien a pesar de ser el operador en Veracruz de la organización juarense le pidió apoyo para cuidar y abastecer de combustible a unos aviones cargados de cocaína que harían una escala en Tierra Blanca. Las aeronaves, según declaró Albino a la PGR, aterrizaron “en un camino de terracería de Pemex”. El capo reveló que este mismo operativo lo hizo sólo “dos o tres veces”, pues fue aprehendido cuatro meses después en el puerto jarocho, por el Ejército.

A Quintero Meraz le atribuyen haber concertado también la fuga de Guzmán Loera del reclusorio federal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001. Hace diez años, en 2004, la revista “Proceso” estableció el presunto nexo de Miguel Ángel Yunes Linares con Quintero Meraz, con base en declaraciones de testigos protegidos y documentos de la Drug Enforcement Administration (DEA). Según versiones periodísticas, entre 1995 y 1996 el ex secretario de Gobierno de Chirinos habría recibido hasta 15 millones de dólares del narcotraficante como pago por “protección”.

Yunes, aspirante a gobernador por el PAN, habría permitido en el sexenio chirinista, entre diciembre de 1992 y a mediados de 1997, el establecimiento de un corredor para el trasiego aéreo y terrestre de toneladas de cocaína, según reveló un informe “confidencial” del extinto comandante de la AFI, Juan Carlos Ventura Moussong –asesinado en julio de 2002, dos meses después de la detención de Quintero Meraz–, dirigido a la Coordinación General de la UEDO-PGR, fechado el 26 de octubre de 2001, en el cual se detalla: “A finales de 1995 Albino Quintero Meraz arregló su arribo y operación en Veracruz con el Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares mediante la entrega de 10 millones de dólares…”.

Quintero Meraz al ser detenido, comenzó a lanzar señalamientos en contra del gobernador, Miguel Alemán Velasco y su prominente  secretario de Seguridad Pública, Alejandro Montano Guzmán; como también en contra de su secretario particular de este, Alejandro de la Madrid Trueba, Valentín Romano López y Rafael Palomba Márquez.

Jaime Ignacio Téllez Marié, para intentar contrarrestar la polémica declaración del narcotraficante, propuso crear un circo alterno para desviar la atención mediáticamente en contra del ese entonces ejecutivo estatal y sus altos mandos de la SSP. De ese hecho, giraron órdenes de aprehensión en contra de seis elementos de la SSP, a quienes se les acusó de ser los operadores del narcotraficante Albino Quintero Meraz.

Téllez Marié, posteriormente fue el Secretario de Seguridad Pública en los dos años de mandato de Miguel Ángel Yunes Linares, y quién en enero del 2020, tuvo como informante a Guadalupe Hernández Hervis (prima hermana de la actual Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns), la segunda al mando del grupo delincuencial de los Z y quien fue la vía para lograr la aprehensión de Hernán Martínez Zavaleta, alías el “Comandante H”.

Alejandro Montano Guzmán, fue secretario de Seguridad Pública en la administración de Miguel Alemán Velasco. Este personaje, también tiene un oscuro pasado, quien siempre se le señaló de mantener una estrecha relación con el crimen organizado.

Por ello, llama notoriamente la atención que el ex titular de la SSP, en la actualidad esté padeciendo del embate de la delincuencia organizada. Primero le secuestran a un tío y ahora, secuestran y asesinan a su hermano. Sería muy arriesgado señalar que dicho homicidio tenga alguna influencia por parte de la delincuencia organizada; y que haya sido “escogido” al azar por parte de la red de secuestradores que al parecer mantiene el alcalde electo de Lerdo de Tejeda, Fabián Cárdenas Sosa, junto con sus cómplices. Aunque realmente, dudamos que fuera fortuito y que bien tendría un tinte de la narco-política que milenariamente se practica en nuestro país y sobre todo, en nuestro estado.

Pero toda esta maraña, saltan nombres y más nombres que pueden estar involucrados en el crimen y que jalando el hilo, se vienen vinculando un político de antaño con la actualidad, y de un partido a otro. Analicemos:

No es una casualidad que Cárdenas Sosa fuera detenido junto con la jefa de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Adriana Bichi,  y que esta férreamente lo defendiera para que los Policías Ministeriales no lo arrestaran. Tenemos que recordar que Guadalupe Hernández Hervis, alías la Jefa, es la prima hermana de la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns.  Por ello, no podemos descartar que Adriana Bichi se encontraba operando alguna actividad delincuencial en la zona junto con Cárdenas Sosa.

Otro dato es el que nos da la columnista, Claudia Guerrero Martínez, advertir que el hermano de la Hernández Giádans, el notario público Diego Hernández Giádans también se encuentra siendo investigado porque mantiene “negocios” lucrativos con el alcalde electo de Lerdo de Tejeda Jorge Fabián Cárdenas Sosa.

La detención del alcalde electo es un acto que se consideraba consumado y que debía de darse irremediablemente. Las evidencias lo señalaban como una línea directa de la investigación. Su escolta y su chofer, fueron los que perpetraron el secuestro y después el asesinato del hermano de Alejandro Montano.

Sus celulares los señalaban que eran integrantes de una red de secuestradores en el estado. Y es evidente que también podrían estar coludidos, la titular de la FGE, Verónica y Diego Hernández Giádans; el alcalde electo de Ángel R. Cabada, Julio César García Machucho; el diputado local plurinominal, Juan Javier Gómez Cazarín; la jefa de la Unidad de Género de la FGE, Adriana Bichi (quién se encuentra en la cárcel por ultrajes a la autoridad) que deben también ser investigados y hasta detenidos. Y lo más sano para el bien de Veracruz es que el mismo Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado sea investigado. Sobre todo después de que sin que nadie le preguntara, el solito se puso el dedo, al salir a desgarrarse las vestiduras defendiendo al Cazarín y culpando que Esteban Ramirez un personaje que él también impuso en MORENA, se empeñó en hacerlo candidato y luego operaron para que ganara la alcaldia por Lerdo de Tejada.

Juan Javier Gómez Cazarín, es un personaje medular para las grupos delincuenciales de su distrito y de su zona. Eso lo advierten quienes lo conocen muy cercanamente. Pero además, este sujeto, está inmiscuido y es operador de su partido político Morena. Le opera a Cuitláhuac García Jiménez, en todo lo que a este inútil gobernante se le ocurre. Además,  opera en bajo nivel, a otros grupos políticos dentro de su propio partido. Traiciona a conveniencia. Se sabe que le opera a Rocío Nahle, pero por debajo del agua, le trabaja en bajo perfil a sus adversarios. Para que en el caso de que la secretaria de Energía no pueda obtener la candidatura a la gubernatura del estado; él siga amarrado en el poder con el por haber traicionado a su grupo político. Es muy astuto, aunque poco inteligente.

El legislador cuenta con un penoso historial negro. Hasta fue señalado por los propios periodistas de la zona sur del estado de Veracruz, como el asesino intelectual de Cándido Ríos Vázquez, quién había sido amenazado públicamente por Cazarín  Gómez.

El “Carón” como lo apodan, mantiene un amasiato con el gobierno estatal, de manera cínica, cuando el Congreso del Estado debe de mantener una autonomía auténtica y no desfachatada y simulada como lo hacen en la actualidad. Es por ello que lo imponen como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Él es encargado de “cabildear” (distribuidor dinero entre los diputados y diputadas, para que voten a favor cualquier ocurrencia del ejecutivo.

Es una falacia la dichosa autonomía en organismos. El Congreso del Estado, la Comisión Ejecutiva Estatal Integral de Víctimas en el estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, todas están controladas directamente por Eric Cisneros Burgos. Gómez Cazarín es un sujeto astuto que arrastra los terrenos de quienes realmente controlan el gobierno estatal. Y también es el vínculo entre la delincuencia en el estado. Por ello, fue impuesto nuevamente como presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, para tirarse al trompo todo lo que le orden de palacio de gobierno.

Y a todo esto que apenas empieza, no sería nada mal que Andrés Manuel López Obrador volteara a ver lo que está sucediendo con sus políticos en el estado de Veracruz y permita y ordena los cambios de manera inmediata, antes que la punta de la madeja le llegue a la puerta del Palacio Nacional. 

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