“Las victimas de desaparición forzada y cometida por particulares también tenemos derechos”: Colectivos de personas desaparecidas.

Los colectivos Familiares en Búsqueda María Herrera, Región Poza Rica, Familiares en Búsqueda María Herrera, Xalapa, Familiares Enlaces Xalapa, Grupo Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz, Red Unidos por los Derechos Humanos A.C. y Célula Integral e Independiente de Acompañantes de Búsqueda emitieron su posicionamientos en torno al debate de la prisión Preventiva por parte de la SCJN, el cual se describe textual a continuación.

En México, las familias de personas desaparecidas, hemos luchado contra la criminalización de nuestros familiares desaparecidos, contra la re victimización por parte de las propias autoridades de investigación y búsqueda, contra la ineficiencia en la búsqueda de verdad y justicia.

Logramos después de mucho esfuerzo que se legislaran las conductas de los tipos penales de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. De manera organizada hemos luchado, no solo por mantener viva la memoria y la dignidad de nuestros familiares desaparecidos, sino porque exista el marco jurídico que permita llevar a juicio a los perpetradores.

A 5 años de aplicación de la Ley General de Desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, vemos con preocupación que apenas unos cuantos casos han logrado llegar a judicializar la responsabilidad de los perpetradores.

Resulta indignante que, en un país con casi 108 mil personas desaparecidas (según registros oficiales) no podamos contar ni siquiera decenas de sentencias que repriman los delitos que laceran, no solo a las víctimas de desaparición y a sus familias sino a la nación entera, situación reveladora que la justicia ha sido omisa y negligente y que las víctimas y sus familias nunca hemos estado en el centro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, debate sobre la prisión preventiva establecida en el artículo 19 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre si es violatoria de los Derechos Humanos de los procesados y sobre su contradicción a la luz del precepto constitucional de respeto y garantía de los Derechos Humanos y las convenciones y tratados internacionales de Derechos Humanos, que también forman parte de la ley fundamental de este país.

El texto Constitucional del artículo 19 establece que “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso” y que “El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de… delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares…

En el debate de los ministros de la SCJN ha estado presente el hecho de que ningún Estado puede Ejercer su fuerza punitiva sobre presuntos inocentes, lo que consideramos un principio que debe regir en todo Estado democrático.

No obstante, las familias de personas desaparecidas confiamos en que los ministros no nos dejaran nuevamente en estado de Indefensión frente a los posibles perpetradores de la desaparición de nuestros familiares desaparecidos.

Las familias de personas desaparecidas estamos seguras que los Ministros de la SCJN son sensibles y conscientes de la impunidad de nuestro sistema de investigación y justicia que, en lugar de condenar a los perpetradores, nos ha condenado a las víctimas y sus familias a un lacerante y tortuoso camino, donde no encontramos ni verdad ni justicia.

Hay apenas unas decenas de casos en proceso de judicialización por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en todo el país.

La impunidad de los perpetradores ( en muchos casos integrantes del Estado ) o la protección de ellos ( por parte de autoridades del Estado), el modo de operación y de comisión de las conductas delictivas en materia de desaparición de personas, hace sumamente difícil demostrar la responsabilidad de quienes nos dejaron en duelo permanente a más de 100 mil familias.

Vemos apenas una incipiente luz en algunos casos en los que se empieza a demostrar que la desaparición de personas fue y es una política de Estado, criminal, terrorista, injusta y que es lesiva de toda la esfera de derechos de las personas desaparecidas y sus familias. Con mucho esfuerzo, de las propias familias y algunas fiscalías especializadas, sensibles a nuestro dolor se ha logrado vincular a proceso a los presuntos responsables, a quienes se ha aplicado la medida cautelar de Prisión Preventiva de manera oficiosa.

En juego no solo están los derechos de los procesados a quienes se ha aplicado la medida cautelar de prisión Preventiva; al menos en los casos donde se señala la presunta responsabilidad de delitos de desaparición de personas, están en juego la libertad, la seguridad, la integridad, la salud, la vida misma de la víctima, de quien se desconoce su paradero, y en riesgo estarán la seguridad e integridad de testigos y familiares de las víctimas y el desarrollo mismo de las investigaciones.

En suma, las victimas de desaparición de personas, consideramos que, sin una figura “Extraordinaria” como la prisión preventiva para el caso de los presuntos responsables de los delitos de desaparición de personas, y desaparición cometida por particulares será aún más difícil ofrecer verdad y justicia que merecemos no solo las victimas sino el país y la humanidad entera.

Esperamos que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomen en cuenta la particular complejidad y gravedad de los delitos de desaparición y partiendo del reconocimiento de los Derechos Humanos decidan, seguimos confiando en que el derecho es una herramienta de justicia y no de impunidad.

Plumas libres

Vivos y vivas les llevaron y vivos y vivas les queremos. JUSTICIA YA. / 21 de noviembre de 2022, firman los colectivos.

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