Reforma Judicial: juzgadores mexicanos exponen riesgos en el extranjero
La Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expondrá este lunes en Costa Rica la situación del sistema judicial de México con el fin de generar un espacio de diálogo con relación a los desafíos que enfrentan los impartidores de justicia de nuestro país con la reforma judicial.
“Los especialistas elaborarán un documento que aporte el criterio de las asociaciones participantes a los diálogos que sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la actualización de los estándares relacionados con la independencia judicial, así como visibilizar la situación de riesgo de la independencia judicial en México y Centroamérica a nivel internacional”, dice la Asociación en un comunicado.
El encuentro se realiza en San José, Costa Rica y participan diversas organizaciones de personas juzgadoras como: el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Internacional de Justicia (CIJ), la Fundación para el Debido Proceso (FPLF por sus sigas en inglés), la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia, entro otros.
La directora de la Asociación de Jueces y Magistrados, Juana Fuentes Velázquez será quien exponga la situación que alberga las modificaciones al sistema judicial mexicano y que entraron en vigor el 16 de septiembre para que los impartidores de justicia sean elegidos por medio de voto popular el próximo 1 de junio del 2025.
”Igualmente, propiciar espacios de interlocución estratégica y de solidaridad entre las personas juzgadoras de la región y actores clave de la comunidad internacional, así como definir la ruta de trabajo para el 2025”, dice la Asociación.
El sábado, un juzgado de Yucatán concedió una nueva suspensión para evitar la elección de jueces, ministros y magistrados prevista para el 1 de junio del 2025.
“El alcance del amparo establece que las autoridades se deben abstener de realizar cualquier acto para ejecutar o aplicar las disposiciones reformadas; que el Senado suspenda el Proceso Electoral y se abstenga de dar seguimiento a la convocatoria para integrar listados y tomar protesta a los eventuales ganadores y ganadoras de la elección y que las Legislaturas de los Estados, el Congreso de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura, se abstengan de ejecutar el decreto”, dice el Grupo Parlamentario del PAN en un comunicado compartido esta tarde.
En tanto, el Instituto Nacional Electoral, quien se encargará de realizar las elecciones, prevé un gasto de casi 13 mil millones de pesos para realizar la jornada electoral judicial el próximo año, que sería la más costosa en la historia de México.